Recientemente el presidente Trump, quien hizo campaña prometiendo mantener a los EE. UU. al margen de enredos militares en el exterior, ordenó extensos ataques militares contra Irán. Estos ataques son inconstitucionales e imprudentes, y harán del mundo un lugar más peligroso en muchos sentidos. Conllevan un enorme costo tanto en vidas humanas como en recursos económicos.

Más de 200 iraníes han perdido ya la vida en este conflicto innecesario, incluidos al menos 148 civiles muertos en un ataque contra una escuela primaria de niñas, y ha habido decenas de bajas en varios otros países del Medio Oriente. Cuatro miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han muerto y cuatro han resultado heridos. Se ha puesto en riesgo a decenas de miles de soldados estadounidenses estacionados en Oriente Medio, y casi con certeza elevará el precio del petróleo en un momento en que las personas trabajadoras ya tienen dificultades para costear las necesidades básicas de la vida.

La Constitución de los EE. UU. es clara: solo el Congreso tiene la autoridad para declarar la guerra. Irán no representa ninguna amenaza inminente para los Estados Unidos que justifique una acción militar sin consultar al Congreso, y el ataque a Irán no cuenta con el respaldo del pueblo estadounidense. Las acciones de Trump revelan un desprecio por la democracia y la Constitución, como si fuera un “líder supremo” cuya voluntad se impone sobre la voluntad del pueblo.

Los ingentes recursos gastados en aventuras militares innecesarias, tanto en Irán como en Venezuela, se emplearían mejor abordando el elevado costo de la atención médica, los alimentos y la vivienda para las personas trabajadoras. Aunque la administración Trump ha declarado que la crisis de asequibilidad “terminó”, los bolsillos y las facturas de la gente trabajadora dicen lo contrario. Los únicos que se beneficiarán de estos ataques son el líder israelí Benjamín Netanyahu —quien, como los directivos de la UE señalaron el pasado junio, “está tratando de mantener un estado constante de guerra en su país” para evitar ser procesado por cargos de corrupción—, los CEOs y accionistas de las empresas petroleras que codician el petróleo iraní, y las empresas militares y de alta tecnología que se lucran con la guerra.

Las acciones del régimen iraní contra sus propios manifestantes son indefendibles, pero los ataques militares de EE. UU. e Israel no harán nada por traer libertad o democracia al pueblo iraní. Como sabemos por la desastrosa guerra del presidente George W. Bush en Irak —una guerra que el propio Trump condenó—, los esfuerzos de EE. UU. por llevar el “cambio de régimen” a otras naciones nunca han dado lugar a democracias funcionales. De hecho, la propia existencia de la República Islámica en Irán es resultado directo de que EE. UU. y sus aliados derrocaran un gobierno democráticamente elegido en 1953 e instalaran al sha Mohammad Reza Pahlavi. La República Islámica nació de la revolución de 1979 contra el gobierno autocático del sha, que encarcelaba y torturaba sistemáticamente a los disidentes. Debe ser el pueblo iraní quien decida los cambios en su gobierno, algo que ser bombardeado por EE. UU. e Israel solo hará más difícil.

Las acciones de Trump están sembrando el odio hacia EE. UU. en todo el mundo, pero serán los estadounidenses de a pie —tanto el personal militar como los civiles— quienes pagarán el precio de cualquier represalia.

En una sociedad democrática, la decisión de ir a la guerra debe tomarse de manera democrática, con plena discusión y debate. Exigimos que el Congreso invoque la Ley de Poderes de Guerra para poner fin a este conflicto inconstitucional, no provocado, inmoral e innecesario, y alentamos a todas las personas trabajadoras a actuar para exigir a nuestro gobierno que ponga fin a esta guerra.

Scott Slawson
General President

Andrew Dinkelaker
Secretary-Treasurer

Kimberly Lawson
Director of Organization