La Corte Suprema concluyó su período 2025-26 el 30 de junio al anular la Orden Ejecutiva 14160 del presidente Trump, que buscaba poner fin a la garantía constitucional de ciudadanía para todas las personas nacidas en suelo estadounidense. Si bien esta fue quizás la más trascendental —y sin duda una de las más mediáticas— de las decisiones de la Corte en este período, también emitió otros fallos que tendrán implicaciones de gran alcance para la clase trabajadora.

El fin de la independencia de la Junta Laboral

Cuando el Congreso aprobó la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA) en 1935, concibió a la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) como una agencia independiente que llevaría a cabo la intención explícita de la ley de “fomentar la práctica y el procedimiento de la negociación colectiva y proteger el ejercicio, por parte de los trabajadores, de la plena libertad de asociación, autoorganización y designación de representantes de su propia elección”. Se declaró que fomentar la negociación colectiva y proteger los derechos de los trabajadores era “la política de los Estados Unidos”, y esto sigue siendo ley vigente.

Aunque los presidentes antisindicales han nombrado a miembros antisindicales en la junta, sus integrantes —incluidos los designados por administraciones anteriores— habían estado protegidos hasta ahora contra despidos por motivos políticos gracias a una doctrina conocida como Humphrey's Executor, derivada de un fallo de la Corte Suprema de 1933. En junio, la Corte anuló explícitamente Humphrey's Executor en el caso Trump v. Slaughter, dictaminando que los presidentes sí pueden destituir a miembros de juntas y comisiones como la NLRB y la Comisión Federal de Comercio (de la cual Slaughter era miembro) simplemente porque no les agraden sus decisiones.

El presidente Trump no había esperado el aval de la Corte Suprema: destituyó a Gwynne Wilcox, la única mujer afroamericana que ha integrado la NLRB, en enero de 2025. Este fallo le otorga a su administración carta blanca para presionar a los miembros de la NLRB y de otras juntas que protegen a trabajadores, consumidores y al medio ambiente. Más allá de un mayor control sobre las juntas de gobierno, la administración también busca eliminar las protecciones por “causa justa” que resguardan a los trabajadores de base en la NLRB y otras agencias federales frente a la injerencia política en su labor. Esto es lo que quieren los empleadores, y de hecho un empleador afiliado a UE mantiene una demanda que impugna dichas protecciones.

Bajo Trump, la junta laboral ya ha tomado un giro claramente antiobrero: las desestimaciones de cargos por prácticas laborales desleales presentados por sindicatos y trabajadores se han disparado, y la Consejera General ha manifestado su intención de pedirle a la junta que revierta varias decisiones favorables a los trabajadores adoptadas por la junta anterior bajo Biden. Con la Corte otorgándole a la administración aún más influencia sobre la junta, cabe esperar que esa influencia se use para proteger a los aliados multimillonarios y corporativos del presidente, a expensas de la clase trabajadora.

Proteger al capital

Sin embargo, cuando se trata de juntas independientes que protegen los intereses del capital, la Corte vio las cosas de otra manera. En Trump v. Cook, un fallo emitido el mismo día que Trump v. Slaughter, la mayoría sostuvo que “la tradición de nuestra nación de una banca central protegida de la injerencia política” justificaba mantener las protecciones por causa justa para los miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. La Reserva Federal fija las tasas de interés; el presidente Trump la ha presionado para que las baje desde que regresó al cargo, y su destitución de Lisa Cook fue ampliamente interpretada como parte de esa campaña de presión.

La Corte también reprendió a Trump al anular sus aranceles generalizados en Learning Resources, Inc. v. Trump, resuelto en febrero. Al igual que Trump v. Cook, este caso enfrentó las prioridades políticas de Trump con los intereses de la élite corporativa en su conjunto, y en ambos casos ganó la élite corporativa.

Democracia en venta

En un fallo emitido el último día del período, la Corte anuló una ley de financiamiento de campañas que limitaba la capacidad de los partidos políticos para coordinar con los candidatos. Este fallo es una bendición para quienes creen que no hay suficiente dinero en la política: permitirá a donantes adinerados eludir los límites de contribución vigentes canalizando su dinero a través de los partidos. Como escribió la jueza Elena Kagan en su disidencia, “un donante podrá entregarle a un partido hasta medio millón de dólares (frente a los 7.000 dólares que puede dar directamente al candidato) para cubrir los gastos del candidato. Y el candidato puede solicitar precisamente esa donación”.

El fallo también probablemente fortalecerá el control de los partidos sobre sus candidatos. La comentarista de SCOTUSblog Sarah Isgur señaló en un blog en vivo cuando se anunció la decisión que “los partidos tendrán muchas más zanahorias y palos para determinar a sus propios candidatos”, lo que dificultará que candidatos que desafían la ortodoxia partidista —como prácticamente todos los aliados más cercanos de UE en el Congreso— puedan postularse bajo la etiqueta del Partido Demócrata (o Republicano).

Respecto al fallo sobre financiamiento de campañas es de especificar que se siguió a una decisión anterior en el período, cuando la Corte, en un fallo condenado por UE, eliminó la última sección vigente de la Ley de Derecho al Voto. Como declararon los dirigentes de UE en abril, “como resultado de este fallo, los votantes negros y otros votantes de color serán privados de sus derechos, y a los políticos antisindicales les resultará aún más fácil manipular los distritos electorales (gerrymandering) para asegurarse mayorías permanentes”.

Sin asilo

El 25 de junio, la Corte resolvió dos casos que permiten a la administración bloquear físicamente a los solicitantes de asilo para que no ingresen al país, y revocar unilateralmente el “Estatus de Protección Temporal” (TPS) a cientos de miles de haitianos y sirios que actualmente se encuentran en Estados Unidos.

Ambos fallos revocan protecciones a personas que “cumplen con las reglas”. El Congreso estableció el programa de Estatus de Protección Temporal en 1990, que permite a quienes huyen de la violencia y de desastres naturales vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, y la ley federal permite a los no ciudadanos solicitar asilo cuando “llegan” a Estados Unidos. Como escribió la jueza Sonia Sotomayor en su disidencia, bloquear físicamente a los solicitantes de asilo para que no puedan ingresar a Estados Unidos a solicitar asilo significa que “más personas intentarán cruzar la frontera de manera ilegal”.

National Nurses United, aliado cercano de UE, condenó los fallos y afirmó: “Este fallo desmedido dejará a miles de inmigrantes más —no solo enfermeras registradas y trabajadores de la salud, sino también maestros, trabajadores aeroportuarios y personas trabajadoras— vulnerables a la mortífera y lucrativa maquinaria de deportación de la administración Trump. Estos ataques racistas contra nuestras comunidades están financiados por recortes multimillonarios a Medicaid y Medicare que afectan a todos los estadounidenses, sin importar el color de su piel”.

La decisión de deportar a 350.000 haitianos también ha sido condenada por el congresista republicano Carlos Giménez, quien declaró a CBS News: “Haití es un Estado fallido, y creo que deportar a los haitianos que actualmente tienen TPS de regreso a Haití sería un gran error”. Mike DeWine, el gobernador republicano de Ohio, también ha pedido a la administración Trump que reconsidere su postura, señalando que los trabajadores haitianos son importantes para las industrias manufacturera y de salud de su estado. “Son los haitianos quienes, muchas veces, cuidan a tu mamá o a tu papá que tiene Alzheimer, cuidan a familiares que podrían estar en un asilo de ancianos”, declaró a CNN. “Y decir que vamos a sacar a todas esas personas simplemente no está en nuestro propio interés”.

Tanto en el caso de Haití como en el de Siria, el gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad significativa en la violencia y el caos de los que huyen los solicitantes de asilo. Estados Unidos ha intervenido militarmente en Haití tres veces en el último siglo, y ha respaldado a líderes antidemocráticos, impopulares y corruptos en nombre del “anticomunismo”, entre ellos el brutal François “Papa Doc” Duvalier, su hijo Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, y el primer ministro más reciente, Ariel Henry, cuya renuncia en 2024 ha dejado al país prácticamente sin gobierno funcional durante más de dos años. La violencia y el caos en Siria también se derivan, en parte, de las reiteradas intervenciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Algunas personas son más iguales que otras

En dos casos resueltos el último día del período, la Corte emitió un fallo que permite a los estados discriminar a los atletas trans. Atletas trans de Virginia Occidental e Idaho habían presentado demandas argumentando que las prohibiciones de esos estados contra que los atletas trans compitan en deportes femeninos violaban su derecho a la igual protección bajo la 14.ª Enmienda. La mayoría de derecha de la Corte pensó lo contrario, y dejó en pie las leyes discriminatorias.

Una de las principales obsesiones de la “guerra cultural” de la administración Trump ha sido su esfuerzo, como señala la política de UE, por usar “la ley federal en contra de las personas transgénero en todo el país en un intento por borrarlas de la vida cotidiana”, en un esfuerzo por “dividir a nuestra clase y debilitar a nuestro movimiento”.

La mayoría de los comentaristas sobre el fallo de la Corte Suprema coinciden en que tanto la opinión mayoritaria como la disidente en este caso estaban sentando las bases para otra serie de casos, actualmente en curso en el sistema judicial, que buscan exigir a todos los estados que prohíban a los atletas trans participar en deportes femeninos.

La Corte limita las búsquedas de datos de ubicación personal y preserva la ciudadanía por nacimiento

En dos casos importantes de este período, el presidente de la Corte, John Roberts —nombrado por el presidente republicano George W. Bush—, se unió a los tres jueces liberales de la Corte y a uno o dos jueces nombrados por Trump para preservar principios constitucionales clave.

En Chatrie v. United States, la Corte sostuvo que pedirle a Google que entregue registros de todos los usuarios de celulares que se encontraban en una ubicación específica en un momento determinado —lo que se conoce como una “orden de geovalla” (geofence warrant)— constituye en efecto una búsqueda, y que dichas órdenes deben ser “razonables” conforme a la 4.ª Enmienda. “Una persona tiene una expectativa razonable de privacidad respecto de los registros sobre la ubicación de su teléfono celular”, escribió la jueza Elena Kagan para la mayoría.

La protección de las libertades civiles es de gran importancia para el movimiento obrero porque, como establece la política de UE:

UE ha advertido durante años que cuando el gobierno reclama el poder de vigilar, detener y deportar personas sin el debido proceso, puede usar —y usará— ese poder contra personas inocentes, en particular contra quienes se manifiestan en contra de las políticas gubernamentales, y especialmente contra quienes representan una base de poder creíble, como el movimiento obrero.

Tal y como se mencionó anteriormente, en su último fallo del período, Trump v. Barbara, la Corte sostuvo que la orden ejecutiva de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento violaba el lenguaje claro e inequívoco de la 14.ª Enmienda (“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos”).

El fallo fue de 6 a 3, pero solo cinco jueces se sumaron a la opinión mayoritaria, redactada por Roberts. En una opinión concurrente, el juez Brett Kavanaugh, designado por Trump, concluyó que la orden ejecutiva violaba la ley federal, pero no la Constitución. Su opinión prácticamente invitó al Congreso a intentar revocar este derecho constitucional fundamental mediante legislación. Y, en efecto, el presidente Trump está presionando ahora al Congreso para que legisle excepciones a la ciudadanía por nacimiento.

Por una nación de iguales, no de amos y sirvientes

En una publicación de blog sobre los fallos de la Corte en este período, el teórico político (y exorganizador sindical) Corey Robin observó que los casos en los que la Corte se apartó de Trump fueron “tres de los mayores desafíos de Trump a la ortodoxia conservadora y republicana imperante... El desafío de Trump al libre comercio y a la política monetaria independiente —así como a la idea de que Estados Unidos es una nación de personas que nacen allí, no una nación de sangre sino una nación de nacimiento— resultó ser, sencillamente, un paso demasiado grande para seis de los nueve jueces, dos de los cuales fueron nombrados por Trump”.

Sin embargo, aunque la Corte de Roberts en su conjunto se ha mostrado reacia a apartarse de los límites de la ortodoxia republicana, los casos que cita Robin no fueron decididos por una mayoría estable y consistente. En cada caso, el presidente de la Corte, Roberts, armó una mayoría con los tres jueces liberales y uno o dos disidentes del bloque de línea dura.

Cada uno de los cinco jueces de ese bloque (una mayoría de la Corte, si están dispuestos a unirse y desafiar al presidente de la Corte) se ha mostrado dispuesto a abandonar principios constitucionales de larga data para impulsar una visión de la sociedad que bien puede calificarse de “fascista”: una en la que una casta privilegiada, definida por la sangre y no por el nacimiento, tiene más derechos que el resto. Como señaló Robin en una publicación posterior sobre la ciudadanía por nacimiento, “nadie cree que anular la ciudadanía por nacimiento vaya a eliminar a todos los inmigrantes; a los nativistas les encantaría tener una casta inferior de seres serviles que hagan el trabajo sucio y no tengan derechos”.

En su opinión concurrente en Trump v. Barbara, la jueza Ketanji Brown Jackson defendió una visión distinta de nuestra nación, una que debería resonar en todo sindicalista. “Aquello mismo por lo cual se erige la Decimocuarta Enmienda”, escribió, es “un repudio a la noción de que existe una 'clase de ciudadanos superior, dominante y gobernante', y una disposición a reconocer —y a esforzarse por eliminar— todos los vestigios remanentes de la subyugación histórica.

“Los afroamericanos liberados lucharon por la humanidad compartida de todas las personas. Y el Gran Emancipador finalmente comprendió que el único camino posible para evitar un retorno —en cualquier forma— a la esclavitud y la subordinación basada en la raza era vincular los destinos de todos”.