El viernes 7 de agosto, el Senado confirmó a James Macy como el tercer miembro republicano de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés). Con una mayoría de 3 a 1, se espera que los miembros republicanos de la junta comiencen a revocar las decisiones favorables a los trabajadores que adoptó la mayoría demócrata de la NLRB durante el gobierno de Biden.
Entre las decisiones favorables a los trabajadores que están en la mira se encuentran Cemex, que permite a la NLRB emitir una orden de negociación cuando un empleador se niega a reconocer a un sindicato que cuenta con el apoyo de la mayoría y comete una práctica laboral desleal, y Amazon, que prohíbe las reuniones de audiencia cautiva.
Los empleadores también esperan que la mayoría republicana revoque decisiones que protegen los derechos de los sindicatos ya establecidos. Bloomberg Law informa que, “en los lugares de trabajo que ya están sindicalizados, los empleadores esperan que la junta dé prioridad a Valley Hospital Medical Center II,” una decisión que exige a los empleadores “respetar los acuerdos de descuento de cuotas sindicales aun después de que venza el convenio colectivo de trabajo”.
Quizá lo que más preocupa a los miembros de UE es la amenaza de revocar Columbia, una decisión de 2016 que establece que los trabajadores de posgrado son empleados conforme a la Ley Nacional de Relaciones Laborales. (Las universidades han sostenido que los trabajadores de posgrado son meramente estudiantes y, por lo tanto, no tienen derecho a las protecciones de la Ley.) Decenas de miles de trabajadores de posgrado de universidades privadas que se afiliaron a UE en los últimos años, y que negociarán segundos contratos en los próximos dos años, podrían enfrentarse a empleadores hostiles sin poder recurrir a la NLRB para hacer valer sus derechos. (Los trabajadores de posgrado de universidades públicas se rigen por juntas laborales estatales, no por la NLRB.)
La NLRB está compuesta por cinco miembros, todos ellos nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Por tradición, tres miembros pertenecen al partido del presidente y dos al partido de oposición; también por tradición, la junta no revoca precedentes sin una mayoría de tres miembros. Aunque Trump rompió con la tradición (y, hasta que la Corte Suprema de derecha lo cambió, con la ley) al destituir en enero de 2025 a la integrante demócrata Gwynne Wilcox, los dos miembros republicanos de la junta se han abstenido hasta ahora de revocar precedentes por una votación de 2 a 1. (El único integrante demócrata de la junta, David Prouty, también fue confirmado para un nuevo mandato el fin de semana pasado; el puesto de Wilcox sigue vacante.)
Sin embargo, han estado elaborando una lista de precedentes que quieren ver revocados. El periodista progresista Matt Bruenig señaló en una publicación de Substack del 10 de agosto: “Durante los siete meses transcurridos desde que la junta recuperó el quórum el 7 de enero de 2026, Murphy y Mayer han estado añadiendo notas al pie en las decisiones que nombran un precedente que revisarían una vez que existiera un tercer voto”. Bruenig identificó 28 decisiones que abarcan temas como las elecciones y la representación sindicales, las medidas correctivas contra las faltas de los empleadores, las normas laborales y la libertad de expresión de los empleados, las obligaciones de negociación y quién cuenta como empleador o empleado. El 26 de agosto, la Consejera General de la NLRB, Crystal Carey, publicó un memorando que expone sus prioridades para revocar decisiones favorables a los trabajadores. Aunque el memorando no incluía Columbia, Carey sí señaló que “no es exhaustivo de mis posiciones, actuales o futuras”.
Debido al enorme rezago de casos en la NLRB, no está claro con qué rapidez podrán revocar precedentes, pero algunos casos ya están en trámite.