Declaración de la junta general ejecutiva de la UE
En 2003 la administración Bush tomó ventaja del temor imperante con motivo de los ataques de septiembre de 2001 y desplegó ataques contra los inmigrantes. Esta administración creó el Departamento de Seguridad Nacional y de Reforzamiento de la Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés). Se trató de una nueva organización que reemplazo las funciones del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés). En lugar de apoyar y de establecer un manejo oportuno de la inmigración, el ICE ha llegado a ser una fuerza militar que criminaliza a los inmigrantes y a quienes buscan asilo.
La criminalización y el aprisionamiento de los adultos y sus niños, seres humanos que están huyendo de la represión y la muerte, es algo que no tiene lugar en una democracia. Se trata de una respuesta inmoral a la inmigración que es el resultado de las intervenciones corporativo-militares de Estados Unidos en esos países, que conlleva entre otras consideraciones, el reprimir a los trabajadores y los derechos de los sindicalistas, a fin de aumentar las ganancias de las corporaciones estadounidenses.
En los 15 años desde la creación del ICE, esta entidad ha participado sistemáticamente en crímenes contra la humanidad, incluyendo la separación de miles de niños de sus padres. Familias que han sido rotas. La práctica del ICE ahora ampliada por la retórica racista de la administración Trump, ha hecho que nuestro país se transforme de ser amigo de los inmigrantes, en una nación que los persigue y los encarcela –aún aquellos que buscan asilo, situación que atenta internacionalmente contra derechos humanos reconocidos.
En meses recientes, ha ocurrido un notable incremento en el apoyo por una política humana de inmigración y de procesos donde se denuncien las prácticas de persecución por parte del gobierno de Estados Unidos y de la administración Trump. Cientos de miles de personas en Estados Unidos y Canadá, incluyendo a miles de sindicalistas, miembros de UE, han protestado tomando las calles a fin de oponerse a la continua encarcelación de familias inmigrantes, adultos y niños que buscan refugio del terror y la pobreza.
La ola de inmigrantes desde México quienes han abandonado sus hogares y familias para llegar a Estados unidos en los pasados 25 años ha sido resultado de las políticas de comercio que se han establecido. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés y TLCAN, por sus siglas en castellano) ha impactado negativamente en las granjas de México y sus familias, ha destruido sus medios de vida y las industrias locales. Todo ello ha forzado a la gente a participar en centros industriales de bajos salarios, donde se hacen productos para las corporaciones de Estados Unidos.
Aplaudimos y saludamos a los mexicanos por haber electo a Andrés Manuel López Obrador como presidente. El ahora presidente electo se focaliza en la corrupción del gobierno, en apoyar los derechos laborales y en hacer prevalecer los derechos de los marginados, como parte de un cambio que es bienvenido. Su visión sobre el comercio exterior sugiere que presionará por mejorar los beneficios de trabajadores, de los sindicalistas y de las comunidades tanto en México, como en Estados Unidos y Canadá.
El reciente flujo de migrantes desde Guatemala, Honduras y El Salvador es debido en no poca medida por la actividad de las corporaciones de Estados Unidos, de las acciones del gobierno de este país y de sus militares; también han sido factores, las políticas internas de esos países, incluyendo el apoyo a fuerzas represivas contra los laborantes, los sindicalistas, los pobres, los campesinos y los granjeros.
Por ejemplo, no necesitamos ver más atrás que para el año 2009 cuando el gobierno de Estados Unidos apoyo el golpe de estado contra el presidente democráticamente electo en Honduras, Manuel Zelaya. La ofensa de este mandatario fue la pretensión de aumentar en su país el salario mínimo. El gobierno de derecha que lo substituyó ha reprimido sistemáticamente a los sindicalistas y los movimiento sociales, frecuentemente mediante métodos violentos. Las corporaciones de Estados Unidos, el gobierno del país y los militares, han desarrollado actividades similares en Guatemala y El Salvador.
De conformidad con lo expresado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el número de personas que buscan asilo y refugio de esos países se ha incrementado de 18,000 en 2011 a 294,000 en 2017. Y cuando ellos llegan a nuestra frontera no son tratados como víctimas, sino como criminales.
La administración Trump se ha empeñado además, en actividades que buscan revocar la ciudadanía a inmigrantes que ya han llegado a ser ciudadanos de Estados Unidos, de tal manera que ellos pueden ser deportados. La última vez que en el país se tuvo esta práctica, fue durante el dominio de la derecha, durante la era McCarthy, cuando ocurrió un asalto contra los sindicalistas y sus organizaciones, incluyendo UE y la International Longshore Workers Union (ILWU).
El gobierno de Estados Unidos gastó años tratando de quitar la ciudadanía a dos de los más importantes dirigentes y maestros del sindicalismo –Harry Bridges, Presidente de ILWU, y el Director de Organización James Matles. El gobierno falló en ese intento. Los aliados laborales exitosamente defendieron a nuestros dirigentes y a nuestras organizaciones de los ataques del gobierno, de los grandes negocios, y de aquellos que trabajaban con los empleadores y trataban de destruirnos.
La política de UE aprobada por nuestros delegados en la 75ª Convención, hace un llamado por “la finalización de los encarcelamientos en masa. La militarización que comenzó cuando la ICE fue establecida, ha resultado en el encarcelamiento de inmigrantes, incluyendo niños, en el establecimiento de centros de detención que recuerdan a los campos de concentración. Por tanto, nos unimos a quienes se mantienen en pro de los derechos de los inmigrantes, para abolir el ICE y reemplazarlo con una agencia de inmigración desmilitarizada que se desempeñe a favor de los derechos civiles, humanos y de asilo, que se aleje de la represión y la persecución.
Las manifestaciones y marchas de “Las Familias Permanecen Unidas” además de los bloqueos de las instalaciones de ICE, son respuestas bienvenidas ante la militarizada represión de los inmigrantes. Políticas inhumanas por parte del gobierno del país merecen acciones notables y la movilización de la gente estadounidense a fin de resistir los ataques, y hacer que las políticas de inmigración cambien de criminalísticas a humanistas. Exhortamos a todos los miembros de UE a que participen en este movimiento a favor de los derechos humanos.-